por Antonio Torrejón

En los próximos años, los grandes lineamientos de los municipios de América Latina tenderán al desarrollo de las economías locales. El desarrollo económico local es la asunción, por parte de los gobiernos locales, del nuevo rol que deben representar en el marco de una estrategia de desarrollo global, que ha cambiado profundamente. Venimos de un modelo de desarrollo que, vigente desde la postguerra hasta fines de la década pasada, se caracterizaba por ser una estrategia de industrialización intermedia autocentrada, sustitutiva de importaciones, con nivel protectorio elevado. La política institucional se fundaba en un centralismo donde el espacio de lo municipal era absorbido por el de la Nación. En ese marco, los municipios se encargaban de administrar servicios básicos y operar en los límites de la acción Estado-Nación, o de sus provincias. Diversos factores como la deuda externa y tasas de interés, entre otros, hicieron que esta estrategia se agotara. En los ’90 comenzó a implementarse una estrategia de desarrollo cuyos lineamientos fueron la apertura de las economías, la disminución del papel del Estado, el surgimiento del mercado como categoría central de la organización social y una hegemonía de capital concentrada en los grupos económicos nacionales más importantes, los holding transnacionales y el capital financiero. Esto determinó un cambio profundo en la orientación. De esta manera la economía se globaliza y los principios ordenadores de la dinámica socioeconómica pasan a ser la competitividad y la productividad. El Estado-Nación desaparece como el gran asignador de recursos, y la dinámica de puja entre sectores es reemplazada por otra, que plantea la necesidad de reconvertirse para subsistir. Aquel Estado centralista del modelo anterior, que penetraba el espacio de lo municipal, se traduce en una política de descentralización de competencias, desde los niveles superiores del Estado hacia los inferiores. En América Latina, estas políticas económicas han sido exitosas para corregir las desigualdades regionales, pero la estabilidad macroeconómica no debe ser el único parámetro para medir los resultados de la Reforma. Si bien la estabilidad es un objetivo fundamental, resulta insuficiente para garantizar la innovación tecnológica y la organización de las Pymes y microempresas que conforman los sistemas productivos y el tejido empresarial de las distintas regiones del interior del país. Las asimetrías en la distribución del ingreso y las disparidades territoriales no se corrigen con reformas estructurales de la macroeconomía, ni con la disminución del papel del Estado. De este modo se concentran los nervios del crecimiento en sectores y regiones que acumulan la mayor parte de los beneficios y no los creadores intensivos del empleo. El cambio debe gestarse mediante una estrategia que permita pasar de una política municipal definida centralmente, a otra que coloque el planeamiento, la decisión y los recursos en el nivel local. Así se cambia una línea de diseño de políticas vertical, cuyo vértice es el Estado-Nación, a otra horizontal, en la cual el municipio coordina, concerta y articula con los actores locales y otros municipios. Las actividades y relaciones que se dan dentro de un espacio territorial, localidad, región y subregión, deben ser consideradas como agentes de transformación. El proceso de articulación de las potencialidades de una localidad o comarca debe ser participativo, concertador y abierto. Esto implica una valorización del capital social, entendiendo que el potencial de las personas es el activo más importante del desarrollo de una comunidad. Por otro lado surgen procesos de colaboración y asociación entre sectores públicos y privados, entre empresas, individuos, localidades y entre éstas y los entes territoriales de mayor alcance. Procurar el desarrollo económico local exige un compromiso global de la sociedad e instituciones de todo orden. Para ello es necesario crear una nueva atmósfera económica, mediante una planificación cuidadosa que asegure la participación de la comunidad en el progreso, que incluye también lo social y lo cultural. Es imprescindible complementar los programas de estabilización macroeconómica con políticas que aseguren territorialmente el acceso a los servicios empresariales e infraestructuras especializadas, a fin de facilitar la innovación tecnológica y organizacional de las regiones. El desarrollo económico local exige un compromiso global de los actores sociales y un abanico de instrumentos y políticas locales y regionales fundadas en una percepción integral y sistemática de la realidad. La descentralización y el diseño de políticas locales de desarrollo implican la necesidad de proceder a una reforma cualitativa del Estado en el nivel local, que es la referencia principal para la aplicación de las políticas públicas. La administración municipal debe ser capaz de dar respuestas a demandas complejas de los diferentes agentes sociales locales. Esto requiere la concreción de un nuevo pacto social nacido de procesos de concentración. Articularlas y orientarlas hacia objetivos de desarrollo de la comunidad es el otro gran reto que deben afrontar. Las políticas distributivas no pueden ser la única respuesta a los desequilibrios sociales del modelo de desarrollo. Es necesario introducir la lógica del fomento de la producción local. Los gobiernos municipales deben armar el escenario para vincular a los actores, proveer ideas-fuerza para la concertación estratégica territorial, movilizar los recursos de la comunidad y adoptar al mismo tiempo un rol protagónico.